Medidas cautelares a defensores de derechos humanos por el tramo 5 del Tren Maya

Conforme ha evolucionado la polémica en torno al tramo 5 del tren maya a partir de un movimiento genuino que tuvo un mayor eco gracias a un video de famosos que han sido injuriados hasta el cansancio, el creciente activismo de organizaciones y representaciones locales, el encarcelamiento de algunos de ellos, el encono del gobierno y su partido contra todas estas voces, el arribo de cientos de militares armados hasta el copete, el arranque de las campañas electorales a gobernador en Quintana Roo, la presencia del crimen y su influencia en los comicios (o prácticamente el palomeo de candidaturas) y los muchos opositores cual buitres sacando provecho de la ocasión ávidos de ver sangre y colgarse de los muertos para arremeter contra el gobierno hace que la prioridad en este momento sea la de velar e implementar medidas cautelares para la protección de los derechos humanos de todos aquellos que hoy alzan la voz, se amarran a las máquinas, a los árboles o en general de quienes se están manifestando.

Cada vez es más evidente que se protegerá a toda costa al responsable de un trabajo mal hecho engañando a la población; Rogelio Jiménez Pons, a pesar de que esto afecte la credibilidad y haga asumir los costos a todo el gobierno de la 4t, ponga en riesgo su legado e implique enfrentar a muchos ciudadanos que apoyaban al presidente y su causa (inclusive algunos apóstoles de la 4t que hoy claman por la selva). La protección a este personaje además viene con prisa de “corregir” su desastre; el cambio de trazo del tramo 5 entre Cancún y Tulum.

Propuestas como la de uno de los principales activistas del tema y que me consta que pocos como él conocen el subsuelo del norte de Quintana Roo; Otto Von Bertrab, en la que afirma que se puede celebrar el circuito de todos los demás tramos del tren maya antes de que culmine el actual sexenio de gobierno y dejar el tramo 5 para hacerlo de la mejor forma planeada; con consenso y escucha, planteamiento que suena coherente pero ¿porqué la negativa del gobierno? Por la importancia económica de este tramo y el que justifica; económicamente y turísticamente hablando, al resto del proyecto; es decir, en Cancún hay poco más de 35,000 cuartos de hotel, Puerto Morelos más de 9,000, Playa del Carmen 22,000 y Tulum 7,000, lo más cercano a esos números es el sur de Quintana Roo en Bacalar con 5,000 cuartos, el resto de los destinos por los que cruza el tren son verdaderamente marginales bajo esta métrica.

Además, envolverse en la bandera de los “oriundos” del norte de Quintana Roo es muy engañoso, tal como ha dejado constancia don Hugo Villagómez, cronista y oriundo de Tulum, quien hace referencia que hace 30 años en este pueblo vivían tan solo 849 habitantes, casi todos mayas dedicados a la pesca, hoy Tulum cuenta con 46,721 habitantes. En el caso de Cancún fue diseñado como un Centro Integralmente Planeado de Fonatur en los 70 para impulsar un modelo de turismo masivo (hoy caduco), es decir una ciudad muy joven con una población que al igual que la de Tulum, en su mayoría son residentes, a diferencia del sur de Quintana Roo (de Carrillo Puerto para “abajo”) que es otro boleto, tanto en las condiciones del suelo, como en la presencia de una cultura viva maya.

Por todo lo anterior era fundamental el consenso social con oriundos y residentes en el tramo 5, al no haberlo después del cambio, entrar por la fuerza de la metralleta e injuria contra un movimiento y reclamo genuino que no va a parar (porque la verdad no para), con una cantidad de buitres merodeando salivando por ver sangre correr, me obliga a hacer un llamado a todas las instancias protectoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales; la CNDH, las subsecretarías en Gobernación y en Relaciones Exteriores a cargo de los Derechos Humanos, las comisiones tanto del Senado como de la cámara de diputados de DH y la misma Corte interamericana de Derechos Humanos a poner especial atención a lo que está aconteciendo en esta región e implementen de manera urgente medidas cautelares para los defensores de derechos humanos que hoy están abiertamente amenazados